Despuntará tu luz como la aurora fue el título de la exhortación publicada por la Conferencia Episcopal Venezolana, con la cual la jerarquía de la Iglesia fijó su posición frente a un escenario político drásticamente transformado.
Decimos que el escenario se transformó de manera drástica, porque con los sucesos del 3 de enero se rompió la inercia.
Venezuela ya no está en una «crisis crónica», sino entrando en un momento de transición crítica donde las estructuras de poder han sido sacudidas y se presenta la urgencia —y el desafío — de levantar una nueva institucionalidad desde los remanentes de la anterior.
De allí que el título colocado por los obispos resulte no solo apropiado, sino incluso ilustrativo, de lo que la exhortación plantea y espera: un «despunte la luz» para Venezuela y los venezolanos.
Los obispos, prácticamente desde el momento en el cual Nicolás Maduro asumió la presidencia, han señalado con preocupación que Venezuela se iba convirtiendo en un país marcado por un empobrecimiento generalizado, en el cual las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y el grave deterioro de la calidad de vida y de los servicios públicos condujeron a millones de compatriotas a la migración como alternativa casi forzada.
Ante esto, eligieron dos focos de acción: atender y acompañar a las personas, sobre todo a los más vulnerables, y proponer una ruta de reconstrucción institucional basada en el diálogo, que incluyera la independencia de poderes, la designación de una autoridad electoral creíble para elecciones justas y el control territorial efectivo por parte del Estado.
Todos los estudios de opinión reflejan desde años atrás que la población venezolana anhelaba cambios, pero, lamentablemente, estos no llegaban. La situación nacional se tornó cada vez más compleja, desoladora, agotadora y desgastante para la gente.
Siendo esto así, la Conferencia Episcopal, asumiendo su rol pastoral, pero al mismo tiempo como voz respetada y reconocida, venía insistiendo en la necesidad de construir vías para conseguir soluciones.
En ambos documentos, el episcopado venezolano presentó una posición de firmeza ética y acompañamiento social, así como una actitud —para algunos acaso tímida, para otros prudente— de denuncia ante las situaciones de injusticia y conflicto.
Pero lo verdaderamente cierto es que la postura de la Iglesia venezolana siempre ha estado a tono con la posición vaticana, esa que Edgar Peña Parra, sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, define como la «diplomacia del reencuentro». Los obispos venezolanos han clamado y han apostado de manera insistente y reiterativa por la imperiosa e inexorable reconciliación nacional.
Es en esta línea que la Conferencia Episcopal Venezolana prepara y hace pública la exhortación del 9 de febrero de 2026.
En este documento, los obispos reconocen explícitamente que los acontecimientos de enero cambiaron profundamente el panorama nacional. En un tono marcadamente humanitario, la Iglesia vuelve a hacer un llamado urgente a la reconciliación nacional a través de una ley de amnistía general que sea «amplia e inclusiva» y que no se limite a excarcelaciones condicionadas, sino a la libertad plena de todos los presos políticos. Asimismo, exigen la derogación de leyes que coartan la libertad de expresión y el derecho al voto.
En el plano económico, instan a que los ingresos provenientes de la industria petrolera dejen de usarse con fines clientelares y se destinen prioritariamente a mejorar los salarios y programas sociales que permitan a las familias cubrir sus necesidades básicas.
Críticas ante temas álgidos
Sin embargo, la exhortación camina por un filo de navaja y ha generado críticas y señalamientos entre diversos actores sociales, en tres temas específicos.
Primero, en cuanto al riesgo de legitimación. Al referirse a los hechos del 3 de enero, la Iglesia evita una condena tajante, enfocándose más en las posibilidades de «democratización» que en la naturaleza de los hechos, lo cual podría interpretarse como una aceptación del hecho consumado.
En segundo lugar, en lo relativo al tema de justicia versus paz: la propuesta de una amnistía amplia es ambiciosa pero peligrosa. El reto será cómo hacer memoria y reparar el daño sin que la reconciliación se convierta en impunidad para quienes cometieron violaciones de derechos humanos.
Por último, en cuanto al enfoque social. Es acertada su insistencia en que la soberanía no es solo un concepto legal, sino que incluye el control del territorio (frente a grupos irregulares) y la dignidad económica, recordando que sin salarios dignos la democracia es una cáscara vacía para el ciudadano común.
Esto plantea un debate entre la propuesta de Gobierno tutelado por Estados Unidos y la necesidad de que seamos los venezolanos quienes nos agenciemos nuestras propias respuestas y soluciones.
Los obispos han tomado un rol de mediador moral en un momento de vacío de poder e incertidumbre, presionando para que la transición no sea solo un cambio de nombres, sino un retorno genuino al Estado de derecho.
En definitiva, la Iglesia en Venezuela se posiciona y ofrece no solo como una guía espiritual, sino como un actor de estabilidad, que trata de sanar la herida de una nación que, tras una ruptura traumática, aún no encuentra un puerto seguro. Pero que (Dios mediante) saldrá adelante.
Juan Salvador Pérez
(Artículo publicado en el Semanario Alfa y Omega del Diario ABC en fecha 19 de febrero 2026)
