Como sabemos, el origen etimológico del mes enero proviene
del latín ianuarius en honor al dios Jano o Ianus, aquel personaje representado
por dos caras –una que veía al pasado y otra que contemplaba el futuro– y por
eso se le colocó como el primer mes del año, que cerraba y abría un periodo,
como símbolo de cambios.
En enero de 2019, dos importantes y cruciales hitos marcaban
el inicio del año político de Venezuela: la elección de la Junta Directiva de
la Asamblea Nacional para el periodo 2019-2020, y la juramentación y toma de
posesión de Nicolás Maduro como presidente de la República para el periodo
2019-2025.
El 5 de enero, según la Constitución vigente, ocurrió lo
primero. De acuerdo a lo pactado por la mayoría opositora en el acuerdo de
“gobernabilidad parlamentaria” de 2016, cada uno de los partidos políticos que
la conforman rotarían en la directiva. Así, Juan Guaidó, asumió la presidencia
de la Asamblea Nacional, ante la presencia de 23 embajadores acreditados en el
país y ante la ausencia de los diputados del oficialismo.
En su discurso de asunción del cargo, Guaidó hizo pública y
dejó clara la línea de su presidencia: “A partir del 10 de enero, nos
enfrentamos entonces, a la ruptura del orden constitucional. Y la Presidencia
no se encuentra vacante, se encuentra siendo usurpada […] Estamos en dictadura
y debemos actuar ante esta dura realidad”. Juan Guaidó propuso tres objetivos
centrales para su estrategia política: el cese de la usurpación del gobierno de
Nicolás Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición impulsado por
la Asamblea Nacional y la celebración de elecciones libres y transparentes.
Cinco días después, e igualmente según lo establecido
también en la Constitución, el 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro prestó
juramento y tomó posesión como presidente de la República. Lo hizo ante el
Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional (como lo establece
la Constitución) por considerarla ilegítima. Maduro asumía la presidencia de
Venezuela, como consecuencia de la elección presidencial de 2018, cuestionada
esta por su proceso de convocatoria, y además rechazado y desconocido el
resultado por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, entre
ellos EE.UU., la Unión Europea y la mayoría de países latinoamericanos.
El 23 de enero, en un acto de manifestación nacional
convocado por la oposición, se eleva aún más el nivel de crispación de la
situación al asumir Juan Guaidó formalmente bajo juramento público las
competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela, cargo
que asume con una agenda de tres objetivos: el cese de la usurpación, un
gobierno de transición y elecciones libres. Su cualidad de presidente encargado
de Venezuela fue reconocida por más de cincuenta países.
Por su parte el Tribunal Supremo de Justicia emitía
declaración según la cual era la Asamblea Nacional quien estaba usurpando las
competencias del Ejecutivo y exhortaba así al Ministerio Público a determinar
las responsabilidades de las autoridades del Parlamento. El gobierno de Maduro
fue reconocido como legítimo por China, Rusia, Turquía, Cuba, Bolivia, entre
otros.
Enero comenzó sin duda alguna con un tenso e intenso
ambiente político, definido por el desconocimiento mutuo de los actores
protagonistas, un peligroso escenario de dos soberanías y, por supuesto, un
altísimo riesgo de conflicto nacional.
En febrero, un elemento se incorpora con fuerza en el
complicado debate político nacional: la crisis humanitaria. Así se organizó una
operación conjunta vía terrestre y marítima con la finalidad de ingresar al
país bienes de primera necesidad, destinados a favorecer los puntos más
críticos de la población venezolana. Esta operación fue coordinada por una
coalición de países conformada por Colombia, Brasil y Estados Unidos. El
gobierno de Maduro anunció que no aceptaría la ayuda internacional y prohibió
la entrada de la misma.
El 23 de febrero Nicolás Maduro cerró la frontera y rompió
relaciones diplomáticas con Colombia. Luego de algunos enfrentamientos
registrados en la zona fronteriza, la ayuda humanitaria no ingresó en
territorio venezolano.
La tensión política pasará súbitamente a un segundo plano
luego de que ocurriera el gran apagón de dimensiones nacionales. El país todo
se vio seriamente afectado por la ausencia de energía eléctrica. Ante este
hecho, se intentó hacer un llamado a la ciudadanía para que se movilizara en
protesta en todo el territorio nacional. Pero tal protesta no ocurrió. Las
circunstancias superaban cualquier intención de protesta.
El apagón nacional generó en la población una tremenda y
palpable sensación de desamparo, que afectó la percepción política en la gente.
Si bien la culpa se endilgó de manera directa al gobierno de Maduro, la
imposibilidad de dar solución por parte del gobierno interino le restó fuerza
como opción real de cambio.
En marzo, se anuncia la activación de la Operación Libertad,
la cual tenía como objetivo restablecer la democracia en Venezuela. En virtud
de ello, se convocó a una gran marcha para el 1 de mayo. Sin embargo, esa gran
marcha no tuvo lugar.
El 30 de abril de manera sorpresiva apareció Juan Guaidó con
Leopoldo López y un grupo de militares en el distribuidor de Altamira,
anunciando la fase final de la Operación Libertad y para ello pedían a toda la
población salir a manifestar para deponer a Maduro, mientras que a los
militares les exigían unirse a su causa. Ese mismo día 30 de abril en la noche,
Nicolás Maduro se dirigió a la nación desde el Palacio de Miraflores acompañado
por altos funcionarios de su gobierno y las Fuerzas Armadas, declarando que
había sido frustrado un intento de golpe de Estado.
La vía del enfrentamiento frontal no resultó. Se transitó
entonces por la vía del diálogo y las negociaciones.
El Reino de Noruega anunció que representantes tanto de
Nicolás Maduro como de la oposición venezolana, habían mantenido conversaciones
en Oslo, con Noruega como mediador, para solucionar la crisis en el país
sudamericano. Sin embargo, no hubo ningún avance.
Tras la visita de la alta comisionada de la Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se hace público un informe sobre
la situación del país, que dejaba en evidencia la delicada situación de
violación de los derechos económicos y sociales en Venezuela, se hizo un
llamado tanto a la oposición como al oficialismo a retomar la vía de las
negociaciones como mecanismo para solucionar la crisis.
Durante los primeros días del mes de julio Guaidó y Maduro
intentaron retomar la iniciativa de mediación esta vez en Barbados. Tampoco se
logró nada en esta oportunidad.
La vía del diálogo, el reconocimiento, las negociaciones y
los acuerdos, como forma para salir de la crisis, tampoco funcionó.
Fracasadas ambas, tanto la vía del conflicto como la del
diálogo, 2019 en el segundo semestre pasó de ser un año que lucía con alcanzables
posibilidades de cambios, a convertirse en una suerte de “guerra de trincheras”
–entendida en términos políticos–, en la cual ninguna de las partes avanzaba,
ninguna cedía, ninguna ganaba.
En agosto, desde Washington, el presidente Trump dictó una
orden ejecutiva imponiendo al gobierno de Venezuela una nueva serie de
sanciones económicas congelando los bienes y activos del gobierno venezolano y
de las personas que apoyan al régimen de Maduro. El efecto esperado, la
intención de negarle al gobierno de Maduro cualquier posibilidad de acceso al
sistema financiero global y aislarlo más a nivel internacional. Guaidó expresó
en esa oportunidad que las sanciones eran la consecuencia de la soberbia de una
usurpación inviable, y que no buscaban perjudicar a la población venezolana
sino exclusivamente al régimen de Maduro. Por su parte la respuesta de Maduro
era de esperarse, su línea fue culpar a las sanciones como la causa de la
crisis económica y social en Venezuela, pero más allá del discurso, el gobierno
de Maduro no mostró tener miedo ni a las sanciones, ni al efecto de estas y,
por el contrario, adelantó esfuerzos y maromas para buscar paliativos.
Ambos bandos volvían –al menos desde los argumentos– al
conflicto de las posiciones antagónicas e irreconciliables.
Llega septiembre y desde Miraflores, Maduro levanta
nuevamente la bandera del diálogo convocando a un acto en la Casa Amarilla para
la conformación de una Mesa de Diálogo Nacional. Sin embargo, esta vez el
intento no contará con ninguna mediación formal institucional, tampoco con la
venia de la comunidad internacional, tanto que al llegar al acto muchos se
retiraron bajo el argumento de preferir retomar el suspendido proceso de
diálogo auspiciado por Noruega; y para mayor descrédito del proceso, no contará
con la participación de la oposición.
Participaron en cualidad de opositores, actores de
cuestionada independencia política, de muy poca incidencia nacional, casi nulo
liderazgo y sin ninguna capacidad de representación por parte de la oposición
política conformada por Juan Guaidó y los principales partidos opositores. La
agenda del acto se centró en tres puntos: a) el retorno del chavismo a la
Asamblea Nacional, b) la renovación de autoridades electorales y c) la
liberación de “presos políticos”.
Evidentemente, este acto no fue percibido por nadie como una
verdadera ni creíble iniciativa de diálogo, sino como una maniobra más bien
burda de engaño público. No tuvo ni siquiera la capacidad de cumplir con los
tres puntos de su propia agenda presentada.
Y así llegaron los últimos meses de 2019. La gente fue
perdiendo todo interés por los temas políticos, entre el agotamiento de las
sobre expectativas y la necesidad de distracción que producen las crisis
largas.
Maduro, más allá de la percepción de gobierno débil, y
frente a las duras sanciones y amenazas internacionales, se sostuvo en
Miraflores. Guaidó, más allá de trucos para construir otras figuras opositoras
y pese al desgaste propio de la intensa dinámica política, se mantuvo como el
líder de la oposición.
Y mientras, el país continúa su marcha lenta para cruzar
este desierto.
El dios Ianus, en 2019, no vio al final los cambios que
esperaba ver al inicio.
(*) Artículo publicado en la Revista SIC, Abril 2020.
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